Producir más alimentos solucionó muchos de los problemas de la comunidad indígena wixáritari
Desde que le alcanza la memoria, Benito González ha luchado por sobrevivir en una situación de marginación social en la región occidental de México donde vive. Como les ocurre a muchos integrantes de los pueblos indígenas en cualquier parte del mundo.
Su vida comenzó a cambiar para mejor en 2016, cuando el Gobierno de México y la FAO hicieron posible que Benito y otros miembros de su comunidad produjeran sus propios alimentos.
Empezaron con un invernadero de 200 m2, un sistema de riego por goteo y un tanque de agua de 5 000 m3.
Ahora, hay ocho invernaderos llenos de frondosas hileras de tomates, chiles serranos y jalapeños, pepinos, coles, calabacitas y frijoles verdes.
Benito -un wixáritari (que significa “el pueblo” en su lengua nativa wixárika)- vive en Tierras Amarillas, una pequeña localidad de montaña donde la tierra cultivable y los recursos para hacerla productiva escasean.
Cerca de la mitad de la población de su municipio -Mezquitic, en el estado de Jalisco- vive en la pobreza extrema, y las comunidades de esta zona figuran entre las más marginadas del país.
Debido a que es difícil encontrar trabajo y a que los residentes carecen de acceso a servicios básicos (como sanidad, educación, agua potable y una vivienda digna), mucha gente se ha visto obligada en el pasado a depender de programas sociales y a buscar trabajo temporal lejos de sus hogares.
Benito, por ejemplo, solía trasladarse a la ciudad de Guzmán –a más de 400 km de distancia–, para trabajar como jornalero siempre que hubiera una oportunidad de empleo en alguno de sus grandes invernaderos.
“Allí aprendí a cultivar tomates. Ahora que tenemos nuestros propios invernaderos, se ha cubierto una importante necesidad. Estamos lejos de las grandes ciudades y aquí antes no había nadie más que vendiera hortalizas”, explica Benito.
Lo que quiere decir, es que nadie en su área podía anteriormente producir suficientes alimentos para dar sustento a sus familias, y mucho menos para venderlos. En cambio, tenían que pagar cantidades elevadas de dinero por los alimentos que traían comerciantes de fuera. Si no podían permitírselo, no era inusual que las familias permanecieran durante días sin comer lo suficiente.
Ahora, producen bastantes alimentos para el consumo y para vender, de modo que puedan cubrir otras necesidades. Han pasado de cultivar 4 kg de verduras por metro cuadrado antes del inicio del proyecto, a 16 kg por metro cuadrado en 2017, y la producción ha seguido aumentando hasta el día de hoy.
Benito y otros integrantes de su comunidad ya no necesitan emigrar a las grandes ciudades, hombres y mujeres se llevan mejor cuando trabajan juntos y comparten responsabilidades, y los niños están más sanos cuando comen alimentos más nutritivos.
La mayor parte de la agricultura en México está en manos de campesinos familiares, y más de una cuarta parte de estos agricultores son personas indígenas como Benito González.
El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (o PESA, como se le conoce en México), apoyado por la FAO, es sólo un ejemplo de iniciativas que benefician tanto a las comunidades marginadas como a los agricultores familiares, ya que el organismo de la ONU y sus socios piden un mayor apoyo a este colectivo –en especial en los países en desarrollo–, a través del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, lanzado a principios de este año.
El proyecto ayuda también a tratar de alcanzar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el ODS1 –(Poner fin a la pobreza), ODS2 (Hambre Cero), ODS8 (Crecimiento económico sostenible, empleo y trabajo decente para todos), y el ODS10 (Reducir la desigualdad).
