Una vez más estamos frente a la oportunidad de cambiar la historia, de ser transparentes y que los recursos lleguen a las manos de los productores, de la sociedad rural.

 

Las nuevas legislaturas estatal y federal, así como la nueva administración del ejecutivo, están frente a un problema al que se le han asignado recursos crecientes año con año, y que los resultados son mayor pobreza, menos producción y más importación: se trata del campo.

 

Sin embargo, también tienen en sus manos darle otro rumbo a la historia.

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, vigente desde el 2001, establece en sus artículos que el campo mexicano debe tener una bolsa de recursos propia, que anualmente estos recursos sean crecientes, que atienda las necesidades de la población y el objetivo es mejorar las condiciones productivas, de ingreso rural y lleve a México romper con la dependencia alimentaria.

 

La Secretaría de Agricultura (SAGARPA) destaca que esta Ley prevé las necesidades presupuestales multianuales con la intervención de la Cámara de Diputados. Incorpora medidas efectivas para incrementar la productividad y la competitividad, además privilegia la construcción de capital social, da los medios para una efectiva conservación de las tierras y de los servicios ambientales. En la realidad, sólo se han asignado más recursos y los resultados no son favorables.

 

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (CEDRSSA), en el 2007 el Presupuesto Especial Concurrente, que es la gran bolsa de recursos que se le asigna al campo en todo el país, fue de 176 mil 800 millones de pesos, para el 2008 fue de 204 mil millones.

 

En el 2009 se asignaron 235 mil 858 millones de pesos, y este año superan los 300 mil millones. Todos estos recursos, que debieron dispersarse a nivel nacional no se reflejan en resultados concretos.

 

De acuerdo con datos de la SAGARPA, la producción de maíz del 2000 al 2011 se ha estancado; en el 2000 se tenía una producción nacional de 17.5 millones de toneladas, para el 2011 fue de 17.2 millones.

 

En cambio, las importaciones han aumentado; en el 2001 se importaban 3.3 millones de toneladas de maíz, procedentes de Estados Unidos y se trataba sólo de maíz amarillo, que es de uso industrial y pecuario. Para el 2011, las importaciones suman 9.7 millones de toneladas, y ahora provienen de EU y Sudáfrica, tanto del grano amarillo, como del blanco, que es el que se usa para la alimentación humana.

 

En trigo también se observa el estancamiento productivo de todo el País; en el 2000 se registraron 3.4 millones de toneladas a nivel nacional y en el 2011 fueron 3.6 millones. En frijol, la producción nacional pasó de las 888 mil toneladas a 568 mil; en arroz, el caso es dramático, se tenían 351 mil de toneladas y para el 2011 fueron 175 mil.

 

En carne de res la producción pasó de 1.4 millones a 1.8 millones de toneladas, en cerdo, de 1 millón a 1.1 millones, en ave de 1.8 a 2.7 millones de toneladas de carne. Y mientras la producción está estancada, las importaciones aumentan.

 

Para abastecer el consumo nacional de diferentes productos se debe importar más de 15 por ciento de la demanda. Por ejemplo, en arroz, para abastecer la demanda se tiene que traer el 70 por ciento de otros países, en maíz se debe traer el 26 por ciento de lo que se demanda de otras naciones, en trigo debe traerse el 51 por ciento de otras partes del mundo. En el cerdo se debe importar el 44 por ciento para cubrir la demanda, en aves debe ser el 17 por ciento, en oleaginosas como la soya es el 90 por ciento y en leche el 12 por ciento.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha señalado que los recursos destinados al campo, se gastan sin ton, ni son, en desorden y por lo tanto no tienen efecto en una mayor producción o bienestar social.

 

El propio CONEVAL muestra el nivel de población en pobreza alimentaría, es decir que ni siquiera tienen para la alimentación. A nivel nacional son 28 millones de personas, según los registros del 2010, mientras en el 2008 eran 23 millones.

 

Se tienen recursos asignados para la población rural y no hay resultados, en ello coinciden investigadores y políticos. Las estadísticas son claras, la oportunidad se presenta nuevamente, dejarla pasar traerá severas consecuencias, lo han advertido los expertos en la materia en innumerables foros y congresos.

 

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