Estatus sanitario, un tesoro por conservar
*Por Karla Martínez
Tener control sobre las enfermedades vegetales, es decir conservar un estatus sanitario que le dé certidumbre a nuestras exportaciones y a la alimentación interna, es un tesoro que se debe conservar.
El virus de la tristeza, la mosca de la fruta y el dragón amarillo, son sólo algunas de las plagas y enfermedades que pueden afectar a los cultivos de México.
Las implicaciones van más allá de la pérdida de cosechas o mermas en los ingresos de los productores; en realidad, las consecuencias se traducen hasta en la pérdida de divisas, en el cierre de los mercados a la exportación, al encarecimiento de los productos al consumidor interno, entre otras.
Es por ello tan importante que el estatus sanitario en los productos vegetales y animales que tiene México se deba cuidar y proteger.
Fue la sanidad el punto de discusión hace unas semanas en el Senado de la República, ya que México estaba negociando la ampliación en la apertura comercial con Colombia y la firma de tratados con Perú y Brasil sin poner restricciones en el tema sanitario.
Los productores del sector privado y social argumentaron que la apertura total al comercio agrícola con estas naciones pondría en riesgo a la producción nacional.
La petición de los productores era que en caso de abrirse el mercado, se pusieron candados o restricciones sanitarias para evitar los contagios y que otros países como Estados Unidos o las naciones asiáticas tuvieran temor y restringieran sus compras a los productos mexicanos.
La historia culminó con aumentar las verificaciones sanitarias, en caso de las importaciones de Colombia y lo de Perú y Brasil quedó suspendido aunque se haya firmado entre ambos países, ya que falta la ratificación del Senado.
Este ir y venir de negociaciones servirán de antecedente para medir las implicaciones de las aperturas comerciales.
El 90 por ciento de nuestras exportaciones son a Estados Unidos y esta nación se vuelve más severa en sus revisiones sanitarias a las importaciones.
Habría que tener congruencia entre lo que nos exigen y lo que exigimos.
Sirva de ejemplo lo que entrará en vigor muy pronto:
La Food Drug Administration (FDA) certificará las plantas de donde se originen los alimentos cada 2 años y puede retirar productos del mercado estadounidense con sólo la sospecha de que sean un riesgo para la salud de los consumidores.
Esto se encuentra en el marco legal denominado: iniciativa de Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria, S.510, que ya fue aprobado por los senadores de Estados Unidos.
"El certificado que se pide es una complicación administrativa que no se tiene claro quién la expide; además, le dejan al importador la responsabilidad y ahora habrá que convencerlo no sólo de la calidad del producto, sino de la inocuidad”.
"La brecha para cumplir con la ley es muy grande, porque los pequeños no podrán cubrirla y el impacto en las exportaciones dependerá del plazo que dé Estados Unidos para la entrada en vigor", afirmó Luis Alberto Cruz, consultor de AVQ.
Agregó que el TLCAN estipula que no se le puede exigir al extranjero lo que no se pide a nivel nacional, y es que la ley sólo aplica para los alimentos que importa Estados Unidos.
Para César Campaña, presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, la nueva ley genera nuevas inversiones, ya que 8 de cada 10 hortalizas que importa EU provienen del País.
"La iniciativa implica un mayor esfuerzo para cumplir con la regulación de inocuidad y sanidad; la ley es más dura para quien empieza de cero, para quienes lo empezaron a hacer por exigencia de los supermercados será más fácil", dijo.
Por las exigencias, consideró que los productos deberían aumentar de precio y que la iniciativa tiene incongruencias que deben corregirse, como que los agricultores pequeños no entran en el nuevo marco.
Según la iniciativa, todas las plantas procesadoras de alimentos están obligadas a registrarse con la FDA cada 2 años y los importadores deberán obtener un certificado que avale que los alimentos cumplen con los requisitos de inocuidad alimentaria.
Sólo quedan exentos al nuevo marco legal los pequeños agricultores y procesadores que venden anualmente 500 mil dólares o que comercializan directamente con el consumidor en un área de 275 millas.
