En días pasados tuvo lugar la quinta sesión de la Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos (ICCM5), celebrada en Bonn, Alemania, del 25 al 29 de septiembre. Están enmarcados en el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos (SAICM).
Durante la reunión más de 193 delegaciones de países, representantes de ONGs, de la academia y del sector privado llegaron a un acuerdo sobre productos altamente peligrosos, PAPs, en particular la búsqueda de alternativas viables para el 2035 incluyendo su adecuada gestión.
También se acordó que al finalizar esta década, en 2030, los gobiernos deberán haber implementado políticas y programas que fomenten prácticas agrícolas más seguras y sostenibles, incluido el Manejo Integrado de Plagas, MIP, la agroecología, y cuando sea posible el uso de alternativas no químicas. Para mayor claridad sobre qué comprenden el MIP1 y la agroecología2, los países deben seguir las definiciones de FAO sobre estos temas.
Para finales de 2035, se espera que gobiernos y otros actores habrán tomado medidas efectivas para gestionar el riesgo de los PAPs, en particular métodos alternativos de control de plagas más seguros y asequibles. En ausencia de alternativas, se espera descontinuar gradualmente su utilización.
“Los resultados de la reunión son un gran logro para las políticas agrícolas de los países. El consenso de los acuerdos ofrecen importante guía y dirección para a la gestión de PAPs en la siguiente década,” apuntó Mauricio Rodríguez de CropLife Latin America, quien participó en las intensas jornadas de dialogo que condujeron a los acuerdos.
De igual manera, los países exportadores de PAPs tienen un plazo de 7 años para notificar, regular o prohibir la exportación de sustancias químicas que hayan prohibidas a nivel nacional, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Este acuerdo le es aplicable en mayor medida a países exportadores de sustancias químicas como China, EEUU, la UE, Japón o India.
Para la próxima cumbre global ICCM6 a realizarse en 2026 las delegaciones gubernamentales, incluidos los ministerios de relaciones exteriores, en coordinación con los de agricultura, medio ambiente y salud en cada país, deberán presentar un informe de progreso de la implementación de estos acuerdos.
