Con un trabajo de más de 10 años en las comunidades indígenas del Estado de México, la Presidenta del Patronato Pro Zona Mazahua, Jeannette Arriola, afirmó que el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que lleva a cabo la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), contiene los factores necesarios para abatir el rezago y la pobreza de las zonas de alta y muy alta marginación del país.

El Programa, sostuvo, cuenta con una metodología cuya eficacia se encuentra comprobada para detonar el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de México. Municipios donde se aplica, muestran una evolución muy favorable frente a otros, acotó.

“El PESA es un política pública totalmente asertiva y activa cuyo funcionamiento está comprobado en las comunidades indígenas, las cuales son el alma de México. Como Agencia de Desarrollo Rural hemos podido comprobar que su metodología es la mejor herramienta para combatir la pobreza, debido a que detona la participación y el trabajo de sus habitantes”, sostuvo.

Añadió que “la única forma de combatir la pobreza en el país es fortalecer las capacidades productivas en las zonas rurales, como lo hace el PESA; el éxito de este programa radica en que fue enfocado hacia las comunidades de alta y muy alta marginación, lo que lo hace una muy buena receta para sacar a las poblaciones de esta situación”.

Destalló que el Patronato trabaja en 32 comunidades del Estado de México, con alrededor de 10 mil familias,  y a partir de que  entró el Programa en la entidad (en 2009), participa con capacitaciones dirigidas hacia los productores y habitantes, especialmente mujeres.

La metodología que sigue el PESA, detalló, consiste en generar dentro de las comunidades de alta y muy alta marginación acciones que incentiven el trabajo de sus habitantes, enfocado en garantizar la disponibilidad de alimentos, lo que a su vez detona en un hogar más saludable -con integrantes mejor nutridos- y finalmente el comercio, el cual se desarrolla de forma natural a partir de los excedentes que se producen.

“Empezamos con clínicas de salud para los habitantes sin embargo, a través de los médicos, nos dimos cuenta que era necesario reforzar las actividades que brindaran alimento y educación hacia las personas. Cuando entró PESA, su metodología de atención integral nos  ayudó a generar en las poblaciones un cambio de actitud, dirigido a la sustentabilidad y el autoconsumo”, subrayó Jeannette Arriola.

Al inicio, relató, ellos (los indígenas beneficiarios) decían que en sus comunidades “lo único que había era gente y tierra” pero conforme se fueron capacitando y vieron el potencial que tenían enfrente, decidieron aprovecharlo sin causar alteraciones al medio ambiente y ahora tiene en sus traspatios cultivos de hortalizas en invernaderos, corrales para aves y ganado, y han creado en sus techos sistemas de captación de agua de lluvia.

Esto, a su vez ha detonado en “pequeños mercados locales”, mismos que surgieron a partir de los excedentes que producen; “hace algunos años iban a comprar sus alimentos a la cabecera municipal con los gastos que les implicaba. Sin embargo, artículos como huevo, carne y  hortalizas los venden o intercambian entre los habitantes de las comunidades”.

Explicó que al solucionar la seguridad alimentaria en las comunidades, el comercio es algo que se desarrolla de forma natural.

“Este programa también ha permitido disminuir la migración, especialmente de los hombres, hacia las ciudades o el extranjero; incluso, muchas de las personas que habían emigrado están empezando a regresar y se dedican a invertir en sus tierras y a trabajarlas”, señaló.

Agregó que en el municipio de San Felipe del Progreso,  donde tienen mayor presencia, la metodología PESA –misma que explica como un conjunto de acciones enfocadas a fortalecer a las comunidades-, les ha permitido generar cambios importantes, como la instalación de pequeñas obras hidráulicas en las comunidades (represas y pozos de captación de agua de lluvia), a través también  del programa de Conservación y  Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), con lo que contribuyen a garantizar su acceso al agua para uso doméstico y agrícola.

A través del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, indicó Jeannette Arriola, se han conjuntado acciones con otras instancias del Gobierno Federal, Estatal, asociaciones y fundaciones, en beneficio de las comunidades rurales que se encuentran en situación de alta y muy alta marginación.

En el caso del Municipio de San Felipe del Progreso, uno de los resultados que han obtenido, afirmó, es que la población recuperó su identidad indígena y se sienten orgullosos de pertenecer a la etnia Mazahua.

Muestra de ello, es que las mujeres vuelven a sus tradiciones y su vestimenta. Además, se les da una posición diferente dentro de sus comunidades y se revaloriza su trabajo.

Señaló que el Patronato ha visto una reducción en los casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, debido a que mejoró la alimentación de las comunidades, así como el nivel educativo entre los estudiantes.

“México tiene una gran riqueza en el campo, tanto en las tierras, como en su gente. El PESA nos ha ayudado para detonar ese gran valor y con él hemos juntado esfuerzos y voluntades”, expresó.

Esto debido a que su nutrición mejoró, ya que la mayoría de los alimentos que consumen son totalmente orgánicos y cosechados por ellos mismos, comentó. El siguiente paso, aseveró, es replicar la metodología del PESA en otras comunidades del país, y en otros esquemas de apoyo, para lo cual ya gestiona, en su caso, participar en comunidades chiapanecas.

En México el PESA atiende este año a 180 mil familias –alrededor de 900 mil personas- de más de ocho mil localidades de alta y muy alta marginación, pertenecientes a mil municipios de 16 estados de la República. El presupuesto que el Gobierno Federal destina, a través de SAGARPA, a este programa es de más de dos mil 500 millones de pesos.

En el Estado de México, se tiene un presupuesto de 100 millones de pesos para atender a comunidades participantes.